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Portada: La gente de a pie, los más perjudicados

El Gobierno sube el IVA, baja las prestaciones por desempleo y elimina una paga a los funcionarios para poder hacer frente a los servicios sociales

 

La gente de a pie, los más perjudicados

        El nuevo paquete de ajustes del Gobierno, como la subida del IVA, el descenso de la base reguladora por subsidio de desempleo (del 70 al 50 por ciento a partir del sexto mes), la suspensión de la paga extra de los funcionarios, la reducción del número de liberados públicos y la subvención a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, han sido algunas de las medidas muy cuestionadas por los ciudadanos, aunque los gobernantes del PP las consideran imprescindibles para reducir el déficit y salir de la crisis. 

 

       Tras conocerse los nuevos ajustes del Gobierno central de Mariano Rajoy, una parte de la población se cuestiona los efectos negativos que puede traer la subida del IVA, como el incremento de los precios al consumo y los nuevos recortes sociales, teniendo en cuenta que hay muchos privilegios y apenas se persiguen el fraude por desempleo, fiscal y la economía sumergida que ronda el 28 por ciento. Por contra, se respira un aire de tranquilidad y se asume la crisis como algo natural.

       Uno de los sectores más afectados ha sido el de los funcionarios, quienes se sienten muy molestos por la pérdida continua del poder adquisitivo, iniciada con la rebaja de sueldo de 2010 a la  que siguió la congelación de 2011, quedarse sin la paga extra de Navidad por los recortes presupuestarios, también por los aumentos de la jornada laboral o cobrar menos en caso de enfermedad. Entre los cerca de tres millones de trabajadores públicos, parte de ellos se han concentrado en las puertas de varias administraciones, como medida de protesta. 


Cotillas, reducir el déficit

       Ante ello, los dirigentes del Partido Popular (PP), como el senador y presidente provincial, Carlos Cotillas, afirman que han sido decisiones imprescindibles para reducir el déficit público, pagar los ochocientos mil millones de euros de los organismos públicos, generar empleo y mantener el estado del bienestar.

       Según Cotillas, «el objetivo de los recortes es sanear las cuentas públicas y el sistema financiero español, garantizar la educación, la asistencia sanitaria y servicios sociales básicos de una manera pública, universal y gratuita, consiguiendo que las administraciones no gasten más de lo que ingresan para poder hacer frente a las pensiones y a los subsidios por desempleo». Con todo el paquete de medidas, «se da luz verde para recibir ayudas de nuestros socios comunitarios para que los emprendedores y autónomos puedan generar empleo y riqueza».

       El también Alcalde de Tomelloso aseguró que el Gobierno de Rajoy y de Cospedal está actuando con «seriedad, determinación y eficacia, diciendo la verdad sobre la crisis, aplicando recortes que afectan a las entidades públicas, como la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre al Consejo de Ministros, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, como medida de austeridad». También se ha pedido un esfuerzo a los funcionarios, «con la supresión de la paga de Navidad que podrán recuperarlas gracias a un complemento de pensiones a partir de 2015». Con todo ello, sostuvo, «vamos a contribuir a mantener el empleo, racionalizar el gasto de las administraciones y bajar el déficit público».

       Incidiendo en las repercusiones del Decreto Ley, dijo que el tejido político también se verá afectado con la reducción del veinte por ciento de las subvenciones a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como la rebaja de los sueldos del Gobierno en un siete por ciento y las retribuciones de las corporaciones, «algo que venimos aplicando en el Ayuntamiento tomellosero», y la merma del treinta por ciento de los concejales para la próxima legislatura, lo que supone que «con menos se haga más».

       Entre otras medidas, subrayó las cotizaciones sociales para facilitar la contratación laboral, que los liberados sindicales sean los que marca la Ley, «algo que no ocurre en la Diputación ya que el presidente De Lara ha liberado a seis políticos que han perdido las elecciones, como la secretaria del PSOE de la localidad, Inmaculada Jiménez»


Sebastián García, responsabilidad

       Por su parte, el senador y alcalde de Socuéllamos, Sebastián García, recalcaba que se está actuando con responsabilidad y austeridad, aplicando una serie de medidas estructurales necesarias para atajar la quiebra del Estado Español heredada de los socialitas. Reconoce, por otro lado, que los ciudadanos se están viendo muy perjudicados y la opinión pública hace que se levanten voces contrarias, aunque se traten de unos «recortes esporádicos para evitar males mayores y para salir de la recesión económica». Todo ello, «apostando por la Ley de estabilidad presupuestaria y bajar los intereses de la deuda, asumir el uno por ciento que paga Alemania en vez del siete de España»

       Admite que las medidas  no son las anunciadas elec-toralmente por el Partido Popular, ya que se han visto obligados a improvisar debido al caos económico y el excesivo déficit de más del ocho por ciento que se ha encontrado el Gabinete de Rajoy. No obstante, sostuvo que España no ha sido intervenida y puso como ejemplo los recortes que han tenido que aplicar Portugal o Grecia tras su rescate, «obligados a incrementar los impuestos, aplicar tremendas reducciones salariales y pagas extras a los funcionarios en un período de cinco años para poder salir de la situación».  

       García respalda el sistema financiero como base clave para el movimiento económico y estabilidad del país, añadiendo que el rescate europeo de la banca puede suponer financiación para los inversores, empresas y particulares.


La oposición en contra

       Las primeras reacciones en contra de las nuevas fórmulas del Gobierno llegaban por parte de los sindicatos y los partidos de la oposición, anunciando movilizaciones para que el Gobierno rectifique, al coincidir en que se trata de un nuevo ataque a los más débiles para favorecer a los más poderosos, como la banca. Critican que no se haya contado con la oposición y que el Gobierno de Rajoy ha perdido la mayoría social, por lo que solicitan un referéndum.

       Así, Inmaculada Jiménez tachaba de injustos y antiso-ciales los recortes del Gobierno del PP, y no entendía como se pretende salir de la crisis con medidas contra los desempleados, reducir los salarios y paga extra a los funcionarios,  y a los jubilados con la Ley de Dependencia, el copago de las medicinas y la sanidad. 

       Reprobaron igualmente la subida del IVA ya que «podría acarrear el hundimiento de los sectores al bajar el consumo e hipotecaría el futuro de España» -añadía Jiménez.

       Estas afirmaciones eran coincidentes con las de Izquierda Unida, en las que el coordinador de Tomelloso, Manuel Buendía, añadió que la subida de los tipos conllevará el cierre de los establecimientos e industrias, generando más paro, lo que significa «cargar la crisis sobre los trabajadores en vez de los defraudadores y capitalistas»

       Por otro lado, ambas formaciones consideran in-operativa la reducción de concejales a partir de 2015 ya que favorecerá el bipartidismo, perjudicando a los partidos minoritarios. Proponen la eliminación del número de liberados en el seno de los ayuntamientos y el control de la gestión. Entretanto, José Luis Benito, secretario de UPyD, pedía seguir reduciendo las percepciones de los ediles y la eliminación de privilegios antes de bajar el sueldo a los empleados públicos.


 

PRINCIPALES REFORMAS DEL GOBIERNO CENTRAL

 

– Subida del IVA. Tipo general del 18 al 21 por ciento. Reducido, 8 al 10 en el caso del reducido (que graba alimentos no básicos, sanitarios, entrada a espectáculos culturales, transporte y hostelería). Súper reducido, se mantendrá en el 4 para productos de primera necesidad (libros, periódicos y material escolar, medicinas y parte de la cesta de la compra). Entra en vigor el 1 de septiembre. 

– Incremento del impuesto de tabaco.

– Las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y otro adicional en 2014.

– Cambio del sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

– Merma prestación por desempleo a nuevos parados (a partir del sexto mes), al pasar del 70 al 50 por ciento del cobro de la base reguladora, aunque no se modificará la duración máxima de ayuda, 24 meses.

–  Desaparición de la deducción por vivienda a los nuevos compradores.

– Pérdida de la paga de Navidad 2012 de los funcionarios y altos cargos, los primeros podrán recuperarlas mediante fondo de pensiones a partir de 2015. Reducción de los días de libre disposición (los seis «moscosos» actuales) y se ajustará a Ley el número de liberados sindicales.

– Disminución del 20 por ciento de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

– De cara a la próxima legislatura, reducción del 30 por ciento el número de concejales por tramos de población y fortalecer la imparcialidad del interventor y funcionarios. Homogeneizar las retribuciones de los alcaldes y ediles. Reforzar el papel de las diputaciones para centralizar servicios.   

– Revisión del sistema de Dependencia, la supresión de la mayoría de las bonificaciones a la contratación y la exigencia de haber trabajado para cobrar la Renta Activa de Inserción.


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