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¿Mejorará el prestigio de la Monarquía? – Ed. 364 * junio/julio’14

¿Mejorará el prestigio de la Monarquía?

        Con la abdicación del Rey, Don Juan Carlos de Borbón, cediendo el testigo a su hijo como heredero, Don Felipe de Borbón y Grecia, se debe iniciar una nueva etapa en España, más aún cuando se está pendiente del desafío de independencia anunciado por el Presidente de la Generalitat. A todo ello, se une la crisis de las instituciones públicas, la corrupción política y el paro (aunque se contemple cierta recuperación del empleo). 

         Para la coronación del nuevo Rey, Don Felipe VI, tanto Populares como Socialistas han dejado atrás sus diferencias políticas para cumplir con su papel en un Estado de derecho, ya que, desde enero, los líderes de ambas formaciones políticas tenían conocimiento de la renuncia de Don Juan Carlos I.
        A partir de hacerse oficial la noticia, las formaciones de izquierdas más radicales, los nacionalistas vascos y catalanes, han pedido un referéndum con la intención de que vuelva la República, dejando atrás la Constitución de 1978 que contempla la monarquía parlamentaria.
        Se trata de un concepto ideológico que se encuentra en constante estado de discusión, si bien ha sido el que ha permitido un periodo de democracia de mayor calado en nuestro País. Así, oteando las hemerotecas, la primera República fue el régimen político que hubo en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del General Martínez-Campos dio comienzo a la Restauración borbónica. La segunda (1931-1939) fue un sistema político que apenas tuvo consistencia dado que fue sostenido por seis gobiernos (durante los dos primeros bienios estuvo respaldado por republicanos y socialistas; el Partido Republicano Radical apoyado por la derecha española de la CEDA y el Frente Popular), y en el que se hicieron reformas y leyes que los siguientes gobiernos republicanos desmontaron, mientras que, en las calles, se multiplicaban las revoluciones sociales por la crisis económica y política.
        Durante los tres últimos años, llegarían nuevamente los republicanos, aunque el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la revolución social española de 1936, dando paso a los Socialistas y las centrales sindicales (especialmente, UGT y CNT, que habían protagonizado el revuelo). Entre tanto, se produjo la sublevación del ejército que propició la Guerra Civil, concluyendo con un golpe de estado, poniendo fin a la resistencia republicana en 1939, para dar paso a la dictadura del General Franco.
        Tras la conclusión del régimen Franquista y la designación del Rey Juan Carlos I, se llegaría a la actual Constitución, iniciándose una Monarquía constitucional que fue refrendada por la gran mayoría de los españoles y la práctica totalidad de los partidos políticos.
        Dejando atrás estos episodios, que pueden tener muchas versiones, la realidad es que hoy los representantes públicos salen elegidos de las urnas y las mayorías son las que conforman gobierno con capacidad de cambiar las leyes y marcar los designios del país. Actualmente la izquierda, más radical, representa el siete por ciento de la Cámara, por lo que es obvio que no deben arrogar la opinión generalizada de los españoles. Además, la Ley de leyes no contempla una disposición específica que prohíba cambiar la forma de Estado como ocurre en otros países, caso de Francia.
        Con independencia de las concentraciones realizadas pidiendo la III República, la realidad es que las encuestas sociológicas relatan que a los ciudadanos apenas les preocupa la Monarquía o la República, sino el paro, la corrupción política y la falta de soluciones o la desafección de los políticos.
        Sobre la Monarquía parlamentaria encarnada por Juan Carlos I, es obvio que favoreció la transición política, acercando posturas, además de influir en el avance político, económico y social de España, teniendo en cuenta que la realeza es puramente representativa, dado que el poder está en las Cortes Generales; de hecho, el Congreso de los Diputados ha sido el encargado de aprobar la Ley Orgánica que regula la abdicación del Rey, con una holgada mayoría.
         En cualquier caso, Don Felipe VI debe ganarse el cargo y el respeto popular como Jefe de Estado, proyectando más transparencia, abriendo las puertas de Zarzuela ante Hacienda, facilitando cambios de estructuras sociales y fomentando la reforma constitucional para dar cabida a otras sensibilidades, teniendo en cuenta que la soberanía reside en el pueblo.

 

 

Edición 364 * junio/julio’14

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