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Más plazo para reclamar productos financieros – Darío García-Catalán, Letrado – Ed. 390

Ha sido publicada una nueva sentencia del Tribunal Supremo que matiza anteriores pronunciamientos respecto el cómputo del plazo para reclamar por aquellos afectados de productos financieros de distinta índole. De Modo que sí en 2015 se entendía que el plazo para reclamar de 4 años, debería empezar a contarse desde que el cliente hubiera tenido “conocimiento efectivo y fehaciente del producto contratado”.

El Alto Tribunal ahora precisa que el plazo de cuatro años debe entenderse que se inicia desde el momento del agotamiento o extinción del contrato, añadiendo que dicho momento no se puede determinar antes de “que el cliente haya podido tener consciencia de la existencia de dicho error o dolo”.

Lo relevante y transcendental está doctrina implica en la práctica más tiempo para reclamar desde la consumación del contrato, en lugar de iniciar el computo desde la contratación o perfección de la misma.

Debemos aclarar que no estamos hablando de reclamar por supuestos de inclusión de cláusulas abusivas, sino la propia contratación de productos como las permutas financieras o swaps, deuda subordinada y obligaciones convertibles entre otros.

La sentencia además vuelve a reprochar a las entidades financieras que de que la información suministrada no fue adecuada a la contratación realizada, y que tratándose del administrador de una empresa y tornero fresador, la entidad debería haber sido mucho más diligente explicando los riesgos de un producto complejo, motivo por el que se decreta la nulidad de la contratación y sus efectos.

Oportunidades para los afectados por el cártel europeo de camiones.

Para los lectores que desconozcan este asunto, en 2011 la Unión Europea realizó una investigación sobre distintos fabricantes de camiones, Iveco, Volvo/Renault, Mercedes-Benz o MAN entre otros, por ponerse de acuerdo en la fijación de precios y aumentos de los mismos, en camiones con un peso igual o superior a 6 toneladas, además de confabularse para retrasar los tiempos y costes que les supondrían introducir las tecnologías de emisiones en sus vehículos, que obligan las nuevas leyes medioambientales.

La investigación finalizó con una sanción y decisión de la UE publicada el 6 de abril de 2017 dictaminando que las marcas investigadas habían constituido un cártel para fijar los precios, que afectarían a las adquisiciones de ese tipo de camiones realizadas entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, en función del fabricante.

Así por toda Europa multitud de transportistas, incluidos los españoles afectados por este fraude, están reclamando judicialmente la devolución a los fabricantes de los sobrecostes, que según la UE se sitúan en una media del 12,5 % del precio de adquisición, entre los 13.000 y 16.000 euros.

En un principio los afectados por el cártel tendrían plazo para solicitar su indemnización con arreglo a derecho hasta abril del presente año 2018, si bien tal y como la Confederación Española de Transporte de Mercancías informó el pasado 14 de febrero, la ampliación de la sanción al fabricante SCANIA como implicado, que no fue incluido en la decisión inicial de la UE sobre el cártel, coincidiendo la trasposición al

ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre reclamación de daños y perjuicios por ilícitos de competencia, supone la ampliación del plazo de prescripción para poder reclamar a cinco años, en algunos casos. Lo cual brinda nuevas oportunidades para reclamar a los afectados, resultando aconsejable en cualquier caso interrumpir la prescripción cuanto antes.

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