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Las nuevas elecciones costarán más de 70 millones de euros

La anterior legislatura, con una duración de unos cinco meses, ha sido considerada como un fracaso total, debido a que «sus señorías» no han sido capaces de llegar a un acuerdo para desbloquear la situación política en España y formar gobierno. La nueva compaña electoral es de ocho días, en lugar de dos semanas, según marca la Ley Electoral, y costará 70 millones de euros.

P.ORTIZ

La nueva cita para el 10 de noviembre costará unos 70 millones de euros, la mitad que la anterior, y se reduce el treinta por ciento las subvenciones a las formaciones políticas para sus actividades electorales. Lo más llamativo es que, con éstas, son las cuartas elecciones generales en cuatro años, algo inaudito en Europa.
Resulta significativa la declaración de Maritxell Batet, como presidenta del Congreso, cuando dijo que «fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanza e ilusiones, pero, por no conseguirlo, tendremos que rendir cuentas ante los ciudadanos»

‘PROCES’
Cataluña está centrando la campaña electoral, especialmente por la sentencia del Tribunal Supremo por el ‘proces’, que ha condenado a trece años de prisión al ex vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y a doce a los ex consejeros, Raúl Romera, Jordi Turrul y Dolors Bassa, por sedición y malversación de caudales públicos. Tampoco se libraba Carme Forcadell, ex presidenta del ‘Parlament’, a quien le ha caído once años y medio, sin olvidar la proscripción a otros seis políticos del anterior Gobierno.
Como es sabido, los antisistema han ocasionado seis jornadas de rebelión cínica en Barcelona, propiciando inmensos enfrentamientos con la Policía Nacional, cientos de heridos, calles ardiendo, destrozo del mobiliario urbano, vías y carreteras cortadas, cancelación de vuelos y paradas de trenes, provocando el miedo entre la sociedad catalana. A todo ello, una huelga general multitudinaria en el centro de su capital, produciéndose una batalla campal orquestada por lunáticos asilvestrados independentistas contra los cuerpos de seguridad y aquellos que defienden la bandera española. En concreto, individuos (muchos menores) guiados por el odio heredado vivido durante decenios.

Aspecto desolador de las calles de Cataluña.

Entretanto, los líderes políticos de la oposición han pedido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que tomara medidas urgentes con el fin de paralizar estas acciones. Así, el líder de Vox, Santiago Abascal, exigió la aplicación del estado de excepción, mientras que Albert Rivera y Pablo Casado, de Ciudadanos y del Partido Popular respectivamente, han coincidido en pedir la activación del artículo 155. Al final, Sánchez no descartaba ninguna acción, limitándose a exigir al activista y presidente de Cataluña, Quim Torra, que se ajustara a la Ley.
En estos momentos, sería bueno recordar la figura de Josep Tarradellas (exiliado en Francia durante cuatro décadas) por alcanzar un acuerdo en 1977 con el presidente, Adolfo Suárez, para reconstituir la Generalidad y dar paso a la democracia en España. Ahora, el panorama es distinto, como se ha visto en la propuesta de resolución, respaldada por partidos independentistas para desafiar al Tribunal Constitucional.

Josep Tarradellas siendo saludado por el presidente, Adolfo Suárez, en 1978.

HARTAZGO

Entrados en la campaña electoral, los ciudadanos están manifestando su hartazgo por el conflicto catalán y el reparto de culpas entre los dirigentes políticos, en lugar de plantear alternativas para solucionar los numerosos problemas que azotan a este país, como el déficit público que casi supera el Producto Interior Bruto (PIC), y la deuda de 1,21 billones que, en junio de este año, tenían el conjunto de las administraciones públicas.

Las pensiones es otro de los temas más preocupantes, teniendo en cuenta que en agosto costaron cerca de 9.700 millones de euros. Por ello, la Plataforma por unas Pensiones Dignas siguen reivindicando la revalorización de las mismas, a sabiendas que la Seguridad Social se encuentra en un estado de quiebra, con un agujero que roza los 50.000 millones de euros.
En tanto, el paro va en «in crescendo», como se ha comprobado en la última Encuesta de Población Activa (EPA), al ofrecer los peores registros en siete años, subiendo la temporalidad en más del 26 por ciento. Esta situación pasa por nuevas políticas de empleo, ligada a la investigación, al desarrollo e innovación y apoyo de las pymes, sin olvidar a los autónomos, ya que, cada día del mes de julio, 800 trabajadores por cuenta propia echaron el cierre a sus negocios, llevando consigo el descenso de la afiliación a la Seguridad Social. Las causas de este panorama, son la aplicación de excesivos impuestos directos e indirectos a la clase que más puestos de trabajos crea.

INHUMACIÓN DE FRANCO, UN PERSONAJE OLVIDADO
En plena campaña pree-lectoral, el Gobierno de Sánchez ha conseguido exhumar al dictador, Francisco Franco, del Valle de los Caídos para inhumarlo en el cementerio ‘Mingorrubio’ de El Pardo. La pregunta de millones de españoles es cuál ha sido la intención de esta acción cuando se trata de un personaje histórico que apenas interesa a nadie, dado que se trata de un conflicto de hace casi ochenta años.

El féretro de Franco en el momento de salir del Valle de los Caídos.

Después de la exhumación de Franco y la posterior declaración institucional de Pedro Sánchez, se puede entender que gracias a su llegada vivimos en democracia y libertad, como si antes de la sacar al dictador del Valle de los Caídos, se hubiera vivido en represión. Además, obvió que el Dictador fue quien puso al Rey, Juan Carlos I, como Jefe de Estado, quien dio paso a La Constitución Española en 1978, consensuada por todos los partidos.
En cualquier caso, la actuación del 24 de octubre costó 73.000 euros, que se ha vendido como un hito histórico, adornado con falsas emociones y zafiedad, llena de electoralismo, cuando los ciudadanos lo único que piden es una mirada al futuro, dejando el pasado para los historiadores.

MENOS POLÍTICOS
Otra de las cuestiones que están en el punto de mira, es la corrupción y a los cerca de medio millón de políticos que tiene este país y que viven de los Presupuestos del Estado, algo que no ocurre en el resto de los países europeos, con la particularidad de que no se les exige ningún requerimiento para poder ejercer su cargo, solo ser elegidos a dedo por sus respectivos partidos para ir en las listas cerradas. También, entra en cuestión los beneficios que tienen muchos de ellos, como las pagas vitalicias, sin tener en cuenta las numerosas familias que apenas pueden llegar a final de mes.
Éste es un somero esquema del panorama nacional, que requiere un análisis objetivo, en el que se debe priorizar el desbloqueo político para poder llevar a cabo reformas urgentes, como el Pacto de Toledo, el sistema educativo, servicios sociales o el terrorismo. Todo ello, sin dejar abandonadas las clases medias y utilizadas solo para pagar impuestos.

SIN MAYORÍAS
Atendiendo los últimos sondeos realizados en plena crisis de Cataluña,  indican que las opciones de formar gobierno se reducen respecto al 28 de abril y que la abstención va a aumentar estrepitosamente. Así, el Partido Socialista no podría pactar con Ciudadanos y seguiría necesitando a Ezquerra Republicana de Cataluña para cerrar un ejecutivo con las fuerzas de izquierdas. Las otras opciones podrían pasar por la abstención del Partido Popular o por una coalición inédita entre Socialistas y Populares.

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