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Acto XVI. Tres ideas para una nueva España

Filosofía a martillazos

Tal y como expone el profesor Guillermo Fraile en su obra “Historia de la Filosofía”, y en lo que es una cuestión que ya hemos traído a colación anteriormente, para Platón la forma pura, ideal y perfecta de gobierno es la aristocracia (gobierno de los mejores), en que el mando es ejercido por un hombre egregio o por unos pocos hombres eminentes, los cuales rigen la ciudad conforme a la prudencia.

Aunque hoy en día el concepto aristocracia ha adquirido, a mi juicio, un cierto componente peyorativo (sería inconcebible decir hoy en día que el gobierno debería estar regido únicamente por aristócratas no elegidos por el pueblo), el concepto griego es muy diferente, ya que no se promueve la idea de una dictadura en manos de una sola persona, independientemente de sus capacidades, sino precisamente lo contrario: que el gobierno lo ejerzan única y exclusivamente quienes hayan acreditado estar capacitados para ello.

Dicho así parece algo bastante razonable, ¿verdad?

Si traemos este principio a nuestra realidad actual vemos que la misma dista mucho de haber conseguido algo parecido. La clase dirigente de nuestro país, en el más alto nivel, no se elige por su mérito y capacidad, como sí se hace con los cuerpos funcionariales a través de oposición, sino por su nivel de cercanía a, generalmente, el Presidente del Gobierno.

Esto crea disfuncionalidades evidentes, siendo en mi opinión la más grave el absoluto desconocimiento por un concreto Ministro del campo de actividad adscrito a su Ministerio, lo que afortunadamente se ve solventado por el alto nivel de los cuerpos técnicos funcionariales del propio Ministerio.

Como solución a esto propongo una primera idea: la promulgación de una “Ley de acceso a la Función Política”, que regule de una manera objetiva qué requisitos deben cumplirse, y qué méritos acreditarse, para poder acceder a cualquier puesto con contenido político y gestión de bienes públicos.

Parece más que lógico pedir a los políticos que acrediten con qué capacidades cuentan para ejercer su puesto, al igual que para cualquier puesto de trabajo el común de los mortales debe cursar unos estudios, aplicar a la posición, superar una serie de entrevistas y demostrar diariamente su valía.

Eso sí, el gobierno sólo podrá ser “el de los mejores” si salarialmente esta élite que buscamos es adecuadamente retribuida. Por ello, el salario de los políticos debería verse ajustado a práctica de mercado, lo que debería reducir de manera directa (i) la corrupción, ya que roba menos el que no lo necesita – o eso quiero creer –, y (ii) las llamadas “puertas giratorias”, ya que el político saliente tendría una necesidad menos acuciante de recuperar el salario que habría percibido de haber estado en el sector privado.

Este incremento salarial debería hacerse extensivo a jueces y fiscales, de modo que ambos cuerpos puedan ejercer sus funciones sin ningún tipo de apremio de tipo económico, reduciéndose de este modo el, por otro lado, bastante remoto y puntual en España, riesgo de corrupción de quienes aplican la justicia y quienes persiguen el crimen.

Esta sería la segunda medida, un incremento salarial de políticos, jueces y fiscales.

La tercera y última medida es la creación de un cuarto poder, el fiscal, de modo que se pasaría de la actual estructura triple a una de cuatro poderes: legislativo, ejecutivo, judicial y fiscal.

¿Qué sentido tiene que el Fiscal General del Estado sea designado de manera directa por el Gobierno en el poder? Cuestión distinta sería que, por ley, se obligase a una separación entre el Gobierno y el partido político que lo soporta – dicho de otro modo, que el Presidente del Gobierno no tenga ninguna función en el partido al que perteneció, en pasado –, en cuyo caso este sistema de nombramiento directo seguiría siendo un cuerpo extraño pero asumible.

Este poder fiscal, separado e independiente, debería tener una capacidad absoluta de autogobierno y dirección, no viéndose sus capacidades interferidas de ningún modo por el poder ejecutivo, e instalándose orgánicamente al mismo nivel que su mayor socio en la común batalla por impartir justicia, el poder judicial; poder judicial que elegiría de entre sus miembros al Consejo General del Poder Judicial, eliminando la intervención del poder ejecutivo en el nombramiento de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial.

Estas tres medidas me parecen claras y necesarias. La pregunta es, ¿es realista pensar que algún día puedan implementarse?

Todo dependerá del grado de excelencia de nuestros políticos, y de su valentía a la hora de promover medidas beneficiosas pero que, de un modo u otro, limitan su poder.

No olvidemos, en cualquier caso, que la soberanía reside en el pueblo y, como pueblo, podemos y debemos luchar por una verdadera democracia en la que los mejores en cada campo gestionen nuestro futuro y nuestro dinero.

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