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Acto XV. Sobre los engaños y las mentiras – Manuel Fernández Fontecha Romeu – Ed. 389

En el momento de escribir estas líneas, la actualidad se encuentra monopolizada por el denominado asunto catalán, que puede resumirse en el intento de una parte del pueblo español de separarse unilateralmente del resto sobre la base de un pretendido derecho a decidir.

MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA CATALANA EN BARCELONA.

Con independencia de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con el modo de actuación del gobierno actual, o de los sucesivos gobiernos que, desde la restauración de la democracia, han ido cediendo múltiples competencias, lo que no es admisible es la manipulación con que se viene tratando el concepto de democracia en general – sobre el que ya hemos tratado en anteriores actos -, y el acto de votar en particular.

La democracia, como sistema político, parte de un principio fundamental que tiene cierta vertiente metafísica, y que se contiene en el artículo 1.2. de la Constitución Española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

Esta definición tan breve encierra algunos elementos fundamentales:

  • En primer lugar, la definición de soberanía nacional como concepto indivisible que, por tanto, pertenece a la totalidad del pueblo español.
  • En segundo lugar, la caracterización de los poderes del Estado como “emanación” de dicho pueblo español, lo que significa que sin el acuerdo del pueblo el Estado no puede tener ningún poder; la actuación del ejecutivo sólo será legítima si su capacidad ejecutiva ha sido libremente concedida por los ciudadanos.

Dichos poderes se dividen, según la teoría clásica, en tres: (i) el poder legislativo, previo siempre al poder ejecutivo, y representado por las Cortes Generales, las cuales “… representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.” (artículo 66 de la Constitución Española), (ii) el poder ejecutivo, que ha de someterse siempre a la ley, y (iii) el poder judicial, absolutamente independiente.

En el origen tenemos, pues, al poder legislativo que, como es de sobra conocido, se elige mediante el voto libre de los ciudadanos, cerrándose el círculo del denominado estado de derecho: un estado sometido a la ley, la cual deriva de la voluntad popular representada por las Cortes Generales, quienes a su vez controlan la actividad del gobierno, poder ejecutivo que gobierna en la medida en que el propio pueblo ha decidido concederle esta capacidad.

Esta construcción, que no deja de ser una creación teórica, vemos que tiene como principio, fin y base la voluntad popular: es el pueblo quien legisla a través de sus representantes, y es el pueblo quien concede el poder al gobierno, encontrándose todos ellos sometidos al poder judicial, quien garantiza la aplicación de la ley.

La ciudadanía ejerce este derecho a través de la elección libre y democrática de sus representantes, constituyendo el voto la piedra angular de la democracia, de modo que no puede hablarse de un sistema democrático si los ciudadanos tienen limitado su derecho a votar.

Esta base ha sido tomada por los partidos que promueven la celebración de un referéndum independentista para justificar lo que, en mi opinión, es una de las mayores falacias que nunca he oído: el principio según el cual el estado español es un estado opresor porque no permite que los ciudadanos de Cataluña voten, todo ello aderezado con frases lastimeras del tipo “Votar no es un delito”, “Sólo pedimos humildemente votar”, y similares.

Y es un engaño y una mentira porque el sistema democrático no defiende la votación como bien supremo, ni mucho menos, sino al sometimiento a las leyes que todos nos hemos dado.

Por eso se denomina estado social y democrático de derecho. Porque sólo mediante el respeto a la ley, al derecho, podrá existir una convivencia entre los sujetos que lo integran y, en último término, un avance en términos de derechos, libertades, seguridad económica y progreso.

Si un pequeño pueblo de España decidiese legalizar la ablación femenina, ¿sería suficiente argumento la existencia de más votos a favor que en contra en un pleno del Ayuntamiento? Es evidente que no.

Y esto es así porque la ley que prohíbe esta práctica es una ley que emana de la voluntad popular, de la soberanía nacional entendida como voluntad colectiva de todos los españoles.

Y es precisamente por esto por lo que, para que una parte del territorio nacional pueda escindirse, habrán de ser todos los españoles quienes así lo decidan a través de la reforma de la Constitución; sólo cuando la Constitución que todos nos hemos dado permita un referéndum de estas características será posible votar en él.

Creo, para terminar, que podría ser un ejercicio utilísimo el volver a votar la actual Constitución. En el año 1978 todos los españoles que cumplían con los requisitos legales pudieron votar libremente el proyecto de Constitución Española, que fue aprobado por el 87,7% de los votantes. Mucho se ha hablado estos días sobre dicha votación, argumentando en esencia que, viniendo de un régimen dictatorial, no puede considerarse que esa votación fuese libre.

Pues bien, volvamos a votar. Votemos todos la Constitución Española y veamos, de manera libre y democrática, qué porcentaje del pueblo soberano considera que nuestra Ley Fundamental debe ser modificada.

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